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La nueva bolsa de empleo del Gobierno se abrirá pese al recurso presentado por dos sindicatos

Martes, 15 de Febrero de 2022
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CCOO y CSIF decidieron impugnar la medida al considerar que se incumplía varios preceptos y normativas de la resolución.

Los sindicatos canarios presentan un frente común ante la bolsa de empleo extraordinaria con la que el Gobierno de Canarias pretende subsanar las deficiencias en la plantilla de algunas consejerías y organismos públicos.

Sin embargo, el recurso ante lo contensioso-administrativo presentado por Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no supondrá la paralización o el retraso de la iniciativa en la qu e se han inscrito alrededor de 50.000 personas hasta el cierre de la convocatoria, el pasado 1 de febrero.

Ambas organizaciones, que también han solicitado medidas cautelares, entienden que la iniciativa no se ajusta al marco legal y que vulnera varios preceptos y normativas de rango superior a la resolución que convocó la lista complementaria.

Una negativa que aseguran haber manifestado con anterioridad en diciembre, cuando se celebró la Mesa de Negociación con la dirección general de Función Pública, con el fin de ajustar los criterios de la convocatoria.

Si bien reconocen la posibilidad de crear una bolsa de empleo en caso de agotar o no encontrar los perfiles deseados en las vigentes, critican que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A juicio de los sindicatos, se discriminará a unos colectivos respecto a otros y se ponen límites al derecho de participar en tanto que no se permite el acceso al personal de la comunidad autónoma pero sí de otras administraciones.

Entre sus reivindicaciones también señalan que no se cumple el principio de transparencia, por el que las personas pueden acceder a las listas de forma pública, ni se valora el tiempo que se ha prestado en la administración.

Tampoco garantizan unos plazos de toma de posesión ajustados a la normativa: «Si ofrecen tres días para incorporarse y esa persona debe avisar de que deja su otro trabajo con dos semanas de antelación, está perdiendo derechos laborales», señala Javier Galván, portavoz de CSIF.

«Nos preocupa la deriva que está tomando el Gobierno de Canarias -apunta Jorge Reyes, portavoz de CC.OO.- Actualmente tenemos una tasa de temporalidad de casi el 40% en las islas y en vez de trabajar por reducirla al 8%, como establece la norma estatal, se está generando más precariedad y temporalidad».

Si bien la intención de la dirección general es reforzar la Administración para hacer frente a la gestión de los fondos europeos, principalmente, CSIF cuestiona que se convoque personal de grupos, cuerpos y escalas que tiene listas vigentes como, por ejemplo, los ingenieros de caminos o los trabajadores sociales.

«Lo que está pasando es que creamos una Administración paralela, con un efecto llamada, que con la excusa de los Next Generation se está parcheando un problema estructural», añade Reyes.

En este sentido, Galván señala otro matiz, el de la ausencia de una fecha o plazos para que finalicen estas listas, con lo que teme que se incumpla, también, la condición de limitar hasta los tres años el contrato temporal, acogiéndose a «excepciones».

Por otro lado, CC.OO., CSIF y UGT han exigido a la dirección general de Función Pública ordenar los criterios comunes para desarrollar los procesos selectivos con los que se pretende reducir la temporalidad en la Comunidad Autónoma.

Para los sindicatos, urge concretar este paso si se quiere cumplir con los plazos que establece Madrid. En este sentido, piden convocar todas las plazas que estén ocupadas de manera temporal al menos durante tres años, así como el desarrollo de unos procesos selectivos que ofrezcan seguridad jurídica.